La reelección democrática implica el ejercicio de los derechos políticos de parte de los ciudadanos a ser «elegidos», con la diferencia de que el aspirante a ser reelegido ostenta una posición de poder. Lo anterior, si bien no es una situación jurídicamente reprochable, sí es un escenario propicio para la aparición de comportamientos corruptos que desembocan en vulneraciones a los derechos humanos. En este artículo se profundiza sobre los derechos políticos, la corrupción y la responsabilidad estatal en la reelección democrática, la cual es una expresión de un derecho humano que en su goce puede vulnerar otros derechos.